Covid-19 impulsa a reguladores a garantizar el acceso y equiparar las telecomunicaciones con servicios públicos

Covid-19 impulsa a reguladores a garantizar el acceso y equiparar las telecomunicaciones con servicios públicos

La pandemia causada por el virus de la Covid-19 ha tenido efectos inmediatos en las redes de telecomunicaciones. La expansión del teletrabajo y la permanencia en el hogar, que derivó en un mayor consumo de servicios de streaming de video, pusieron presión sobre la infraestructura.

En América Latina los reguladores —y también los operadores— entendieron rápidamente que si no tomaban acciones las consecuencias podían ser muy perjudiciales. Y con esto no solo nos referimos al colapso de las redes de telecomunicaciones por un incremento del tráfico —en España ya había noticias de que se había incrementado en un 40 por ciento— sino también complicaciones desde el lado de la demanda, ya que muchos latinoamericanos tienen contratados servicios prepagos, con la consecuente posibilidad de quedarse sin datos para poder realizar tareas productivas como el teletrabajo, la educación a distancia o incluso consultas médicas. Por esta razón es que muchos operadores de América Latina han decidido aumentar los paquetes de datos móviles a raíz de la pandemia.

Cullen International identificó algunas estrategias que los reguladores de América Latina han tomado como respuesta a la crisis. La medida más extendida, por obvia, fue la suspensión de cualquier obligación de contar con tiendas físicas para la atención al público. En cambio, los reguladores se encargaron de recomendar la atención por vías electrónicas o telefónicas —por suerte para los operadores, la autogestión y la atención virtual habían empezado a ser implementadas hace largo tiempo en la región—.

Tarifación cero para contenido estratégico, asistencia en la facturación al cliente, reducción del bitrate en contenidos de video —en especial en servicios como Netflix, Facebook e Instagram— y suspensión de la portabilidad numérica son algunas medidas que han determinado los reguladores, según Cullen International. A esto se suma la entrega de derechos de circulación para los profesionales ocupados de cuidar las redes en aquellos países que se ha decretado el aislamiento social obligatorio preventivo.

Las medidas ponen en relevancia a un sector que es estratégico, pero que tenía como principal dificultad que ese adjetivo era utilizado únicamente por las personas que ya pertenecían al sector.

La importancia de las redes para garantizar que la economía siga operando —aunque sea a media máquina— y los usuarios puedan conectarse con sus seres queridos se ha puesto de manifiesto con la crisis del nuevo coronavirus. Para los gobiernos y reguladores se ha vuelto una prioridad garantizar que toda la población acceda a los servicios, independientemente de su condición y capacidad de pago.

Esto ha significado tomar decisiones como la registrada en Argentina, dónde el presidente de la Nación, Alberto Fernández, decretó que mientras dure la pandemia, y en caso de falta de pago, no se podrán cortar los servicios considerados esenciales, entre los que se mencionan electricidad, gas, agua y telecomunicaciones. La misma medida había sido tomada previamente por la Asamblea Legislativa de El Salvador.

Medidas similares para garantizar el acceso fueron tomadas por el Organismo Supervisor de la Inversión Privada de Telecomunicaciones (Osiptel) de Perú y la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) de Ecuador que dispuso mantener los servicios activos mientras dure el Estado de Emergencia, aún en casos de falta de pago. En la misma línea, Colombia implementó un plazo adicional de 30 días para realizar el abono de la factura de servicios móviles.

Otras medidas impulsadas tienen que ver con evitar aumentos de precios, como en el caso de Argentina, dónde se acordó suspender el incremento del nueve por ciento en los abonos previsto para estas fechas como resultado de un ajuste por inflación.

Por su parte, Colombia ha relevado a los operadores de realizar el pago de los fondos del servicio universal, como una forma de eliminar la presión económica de los operadores, y que todo el esfuerzo pueda ser destinado a mantener las redes operando.

Otras alternativas para atenuar el impacto de los cambios de hábitos tienen que ver con la gestión de espectro. Se trata de medidas algo más complejas de tomar pero que, sin embargo, uno de los países de América Latina se animó a realizar tan pronto como se comenzó a recomendar que las personas se queden en su casa. La Autoridad Nacional de Servicios Públicos de Panamá (ASEP) anunció la disponibilidad de forma gratuita de un aumento de 30 MHz en la banda de AWS para cada operador móvil celular durante un período de 90 días, con el objetivo de disponer de más capacidad de ancho de banda para atender al crecimiento del tráfico. En el mismo sentido, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) de México mantiene en estudio medidas para ofrecer espectro de forma temporal para mejorar la performance de las redes móviles. También evalúa demorar las licitaciones de espectro para garantizar la participación de los distintos jugadores.

Las rápidas decisiones de los reguladores y autoridades de gobierno corren a las redes de su espacio habitual y las ponen en el centro de la economía, la vida social, la salud pero también la política, lo que se puede ver como un cambio positivo. Las decisiones que equiparan en el papel a las telecomunicaciones con otros servicios públicos vuelven a poner en escena una vieja discusión que tuvo su epicentro en los Estados Unidos: ¿debe ser la banda ancha considerada un servicio público?

Algunos estudios indican que en economías maduras dónde la conectividad tiene un rol protagónico la brecha entre estar conectado y estar desconectado es cada vez mayor. Quienes quedan fuera de la conectividad están también perdiéndose de acceder a servicios de entretenimiento, salud y hasta el mercado laboral.

En condiciones excepcionales, como en el caso del nuevo coronavirus, todos los sistemas se apoyan en la red de redes para subsistir. Los reguladores latinoamericanos, con distintas estrategias, han sabido responder rápidamente ante la eventualidad de la pandemia. Es cierto que tenían el diario del lunes y que América Latina podía aprender de lo que pasaba en Europa, pero no por eso es menos meritorio que en varios de los países de nuestra región se hayan tomado decisiones para contener los daños.

La Covid-19 ha puesto a las telecomunicaciones como protagonistas de una película que ya ha sido calificada de distópica. En los papeles ya quedará asentado que su importancia es equitativa a la electricidad, gas natural y agua potable. Es posible que el mundo luego de la Covid-19 no sea el mismo y quizás, impulse a los reguladores y tomadores de decisión a repensar sus estrategias de conectividad. El acceso a los servicios de banda ancha aparece hoy como prioridad y, posiblemente, la regulación post Covid-19 tenga mayor foco en reducir la brecha digital y tintes de servicio público con el objetivo de garantizar la conectividad de cada vez más personas.

Fuente: TeleSemana